Prohibición o capacidad: el umbral del poder en Chihuahua.

05/01/2026

Prohibición o capacidad: Nacional | Chihuahua | 4 de enero de 2026

La decisión del gobierno de Chihuahua de cancelar permisos para carreras de caballos, peleas de gallos, jaripeos, coleaderos y lazadas —acordada en la Mesa Estatal de Seguridad a finales de diciembre de 2025— fue presentada como una medida preventiva frente a delitos asociados a estos eventos. Sin embargo, más allá del anuncio administrativo, la resolución abre un conflicto político de fondo: el que enfrenta a la capacidad estatal con la tentación prohibicionista cuando el control efectivo del territorio se vuelve frágil.

La pregunta central no es cultural ni moral. Es estructural: ¿qué revela esta prohibición sobre quién decide, desde dónde y con qué instrumentos reales gobierna la seguridad en el estado?

Seguridad sin regulación: cuando el Estado se repliega

Un Estado con capacidad operativa robusta no necesita eliminar de golpe espacios públicos de convivencia para prevenir delitos. Puede regular, supervisar, fiscalizar y sancionar selectivamente. La cancelación generalizada sugiere lo contrario: un repliegue estatal ante la dificultad de controlar eventos complejos en contextos de disputa territorial.

Aquí no hay exceso de autoridad, sino déficit de gestión. La prohibición aparece como sustituto de inteligencia, presencia institucional y coordinación operativa. Es una decisión que reduce el riesgo visible, pero no lo resuelve.

Mesa de Seguridad: expansión del poder decisional

Que la medida emane de la Mesa Estatal de Seguridad muestra una expansión del poder decisional de un órgano diseñado para coordinar acciones, no para definir política cultural o social. Esta concentración revela un desequilibrio institucional: la seguridad absorbiendo competencias ante la ausencia de mecanismos regulatorios eficaces en otros ámbitos del Estado.

No es un problema de intención, sino de diseño institucional.

Captura criminal y el riesgo de la clandestinidad

La justificación oficial apunta a la captura operativa de estos eventos por redes criminales. El riesgo existe. Pero la prohibición total abre otro frente: empujar la práctica hacia la clandestinidad, donde la vigilancia es menor y la captura más profunda.

Eliminar lo visible no desarticula lo ilícito; muchas veces lo sofistica.

Sintopía: gobernar es regular, no desaparecer

Chihuahua se asoma a un umbral delicado. Cuando el Estado opta por prohibir lo que no logra regular, no fortalece su autoridad: la adelgaza. La seguridad pública no se construye vaciando la vida social, sino organizándola con reglas, presencia y capacidad real.
La dignidad —humana, cultural y territorial— no exige permisividad ciega, pero tampoco admite el atajo administrativo como política de largo plazo. Entre la captura criminal y la prohibición total existe un terreno más exigente: el de un Estado que gobierna sin esconder el conflicto, que regula sin criminalizar y que asume que la seguridad no se decreta, se construye.

Ese es el verdadero desafío abierto en Chihuahua.

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