LA CIENCIA EN MÉXICO, DISPERSA Y FUGADA.

La ciencia en México, dispersa y fugada.- Escrito por Sergio O. Saldaña Zorrilla.

La investigación científica y el desarrollo tecnológico son un parteaguas en la reducción de asimetrías entre los países desarrollados y en vías de desarrollo y en México no hemos optimizado nuestros recursos públicos en estas materias. La gran barrera de México al respecto es que, en lugar de formar investigaciones, nos hemos limitado a formar investigadores. Esta aparente pequeña diferencia de origen ha desembocado en abismales diferencias de éxito.

Los países desarrollados financian investigaciones, no investigadores, lo que los ha llevado a situarse en la cúspide del poder económico y político global. En cambio, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) durante décadas ha centrado sus esfuerzos y recursos en formar investigadores, ha premiado pasos intermedios individuales en lugar de premiar el logro de resultados estratégicos de investigación científica y desarrollo tecnológico al servicio del Estado mexicano; en lugar de ello, sus esfuerzos han sido dispersos, desarticulados, con fuga de recursos financieros y humanos y sin una estrategia de Estado.

Escribo esto no con un ánimo de limitar la libertad de pensamiento e investigación, los cuales son libres e ilimitables; escribo esto desde la perspectiva de una Política de Estado, la cual debe ser estratégica a la hora de asignar recursos.

Por décadas, el CONACYT ha premiado los medios en lugar de los fines; por ejemplo, el SNI ha premiado por muchos años a sus investigadores por, entre otros, dar mayor puntaje por el número de congresos y conferencias a los que han asistido, así como por el número de artículos y libros científicos y de divulgación, todo ello independientemente de la profundidad y eficacia científica de su contenido (entre otras actividades que no son fin, sino medios), en lugar de premiar resultados de investigación integral plasmados ya sea en descubrimientos que expandan la frontera del conocimiento o en desarrollos tecnológicos cuyas patentes se pongan a nombre y servicio del Estado mexicano -lo que en última instancia sería ponerlo al servicio del Pueblo de México.

En lugar de lo anterior, muchos investigadores financiados por el CONACYT terminan por “colaborar” con proyectos extranjeros, lo cual presumen con mucho orgullo, pero tristemente los frutos económicos y políticos de esos proyectos terminan por ser propiedad de empresas y gobiernos extranjeros. De la insuficiente articulación de nuestra política científica y tecnológica no podemos culpar a los investigadores, pues entre ellos se encuentran mentes sumamente valiosas y diligentes, pero que muchas veces, por el mismo diseño desarticulado de nuestra política de ciencia y tecnología, terminan por integrarse a proyectos superiores de otros países, contribuyendo así a la formación de investigaciones de gobiernos o de empresas de otros países, cuyas patentes acaban en manos de las grandes potencias económicas mundiales, dejándole cero o casi cero ganancias a México y sin mayor retribución a la inversión del Estado mexicano en la formación de ese investigador más que una palmadita en la espalda o la contratación del investigador mexicano en un centro de investigación en otro país, contribuyendo así además a la fuga de cerebros, o, lo que es peor, a una supuesta colaboración científica entre el respectivo centro de investigación de México con su contraparte extranjera, en la que al final la propiedad intelectual queda en manos extranjeras ,haciendo así una transferencia neta de conocimiento científico y recursos financieros de México a las potencias.

Por eso la política científica y tecnológica de México debe centrarse en la formación y apropiación de las investigaciones y productos que financie, y no en solo formar investigadores.

La relevancia de que la propiedad de las patentes sea del Estado mexicano radica en que esto impide que las ganancias económicas de esas inversiones acaben en manos privadas extranjeras, frustrando así al ciudadano mexicano de la apropiación del producto de esas inversiones públicas, que en última instancia fueron pagadas por sus propios impuestos.

Recordemos el Proyecto Manhattan, que, al margen de que estemos o no moralmente de acuerdo con su fin, financió la invención de un producto concreto: la bomba atómica, para lo cual se reclutó a las mentes más brillantes del mundo, formadas en diversos países y de nacionalidades diversas, proyecto cuyo legado incluye la formación de generaciones de científicos americanos, así como cientos de descubrimientos e inventos patentados que le permitieron al gobierno e industria de los EUA tomar la delantera económica mundial desde entonces y hasta el presente.

La relevancia de este ejemplo radica en que el Proyecto Manhattan financió una investigación concreta para la obtención de un resultado cuyo producto final era estratégico para el gobierno de los EUA, y no para financiar la formación de investigadores; la formación de investigadores debe ser un beneficio colateral, no el fin de la acción del Estado.

El Proyecto Manhattan dejó como legado la formación de la mayor plantilla de científicos de investigación de frontera de la historia de la humanidad, en donde los investigadores reclutados de distintos países se convirtieron en los grandes formadores de recursos humanos y project managers de distintas investigaciones colaterales y consecuentes, a lo largo de una vasta red de laboratorios creados en los EUA a raíz de este proyecto, como el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, el Laboratorio Nacional Argonne, el Laboratorio Ames, el Laboratorio Nacional Brookhaven en Upton y los Laboratorios Nacionales Sandia en Albuquerque.​ Esta red de laboratorios sentó las bases de las investigaciones a gran escala conocidas como Big Science.

Así pues, lo que es primero es la definición de un gran objetivo de investigación estratégico para el país, y la formación de investigadores a gran escala viene como consecuencia. Algunas de las contribuciones del Proyecto Manhattan incluyen el utilizar energía nuclear para la propulsión de navíos de guerra, reactores nucleares para la generación eléctrica, la revolución de la medicina nuclear por medio de la fabricación de radioisótopos para  hospitales y universidades a base de Yodo-131 y Fósforo-32, utilizados en la diagnosis y tratamiento del cáncer, los cuales además se han utilizado en investigaciones industriales, biológicas y agrícolas.

Con todo esto no propongo necesariamente retirar los actuales estímulos del Sistema Nacional de Investigadores, ya que ello causaría un enorme malestar en las universidades de México, pues muchos investigadores ven en estos apoyos un complemento de sus sueldos -que en especial en las universidades estatales suelen ser bajos. Además, no se deben retirar estos apoyos debido a que financiar investigación libre permite la formación de una masa crítica de científicos que pueden contribuir en mucho a los grandes proyectos que el Estado mexicano defina y ordene realizar.

Si bien CONACYT define anualmente sus prioridades, sus procesos distan aún de realizarse con una definición al más alto nivel, al nivel de Política de Estado, con la fijación de objetivos de Seguridad Nacional y con la suficiente supervisión, monitoreo, reporte, evaluación e implementación comandado por los órganos de seguridad nacional y con rendición de resultados a la Presidencia de la República, que a su vez funge como Jefatura de Estado, ente político que trasciende administraciones sexenales.

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• Doctor en Economía por la Universidad de Ciencias Económicas de Viena, Austria.
• Se ha desempeñado como Subsecretario de Energía.
• Economista de la CEPAL (ONU)
• Investigador en IIASA (Austria), Universidad de Oxford (Inglaterra) y UNAM (México).

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