Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
Un análisis detallado del declive del sector energético en México a partir de los años 1980’s puede encontrarse en los trabajos de Sheinbaum-Pardo et al (2012[1]), que documentan particularmente sobre las consecuencias en el sector energético de la ola de reformas exigidas por las instituciones financieras internacionales desde la década de los 1980s en los países latinoamericanos, ante lo cual, la respuesta del gobierno mexicano contempló la implementación de medidas que debilitaron fuertemente el sector energético de nuestro país.
Dichas medidas incluyen la reducción del control centralizado ejercido desde el gobierno sobre los sectores eléctrico e hidrocarburos, una reestructuración industrial que incluyó la separación horizontal y vertical de las cadenas productivas, la (innecesaria) autorización de inversiones privadas en el sector, la desincorporación (venta) de activos públicos y la creación de nuevas (e innecesarias) regulaciones e instituciones en materia energética, entre otras medidas que, en su conjunto, debilitaron a las empresas públicas, arrebatándoles importantes segmentos de mercado y cuya sobrerregulación las inmovilizó de facto (Sheinbaum-Pardo et al 2012).
Esto es, durante el periodo neoliberal, mientras los países desarrollados (y las potencias de la historia de la humanidad en general) continuaron implementando solamente aquellas medidas que fortalecen a sus empresas nacionales, en México y en buena parte de países en vías de desarrollo, se implementaron medidas que las debilitó.
Más allá del debilitamiento de la empresa pública en México, esas reformas exigidas desde el exterior además volvieron al sector energético mexicano más vulnerable ante posibles choques externos y menos amigables con el medio ambiente. Sheinbaum-Pardo et al (2012) critica el daño que esas reformas de los 1990s hicieron en todo el mundo para incentivar el uso del gas natural para sustituir otras fuentes de generación de electricidad, lo cual en México obtuvo resultados particularmente adversos, pues el uso de este hidrocarburo aumentó el porcentaje de combustibles fósiles dentro de nuestra matriz energética, desincentivando en consecuencia las inversiones para la ampliación de capacidad de generación con fuentes limpias, como la hidráulica, la nuclear o la geotérmica.
Por su parte, debido a la decreciente disponibilidad de gas natural nacional (por la simultanea caída en la exploración de crudo y su consecuente decreciente obtención de gas asociado por parte de PEMEX a partir de los 1990s), durante este periodo en el que se amplió la capacidad de generación de electricidad con gas natural, también aumentó la dependencia energética del exterior, pues el gas necesario para operar las nuevas centrales de ciclo combinado requieren de enormes volúmenes de gas natural importado de los EUA, con lo que nuestra dependencia energética de los EUA ha aumentado dramáticamente durante los últimas tres décadas.
Por ello, la adición de capacidad de generación de electricidad de los próximos gobiernos debe realizarse con fuentes distintas del gas natural, expandiendo la generación limpia por medio de la ampliación de capacidad hidroeléctrica, geotérmica (en especial aprovechar el Canal de Wagner en el Mar de Cortés y la Cordillera Neovolcánica), nuclear, así como con fuentes renovables de la CFE y con generación distribuida en donde ello contribuya a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional -definiendo claramente las especificaciones de los medios de almacenamiento necesarios para eliminar la intermitencia.
La actual recuperación de PEMEX y de la CFE, emprendida por el gobierno de López Obrador a partir de 2018, es tan solo el inicio de un proceso que debe profundizarse en los siguientes gobiernos, comenzando por la derogación de la Reforma Energética de 2013-2014, la cual perjudica tanto a PEMEX como a la CFE, pero más marcadamente aún a esta última, pues las reglas del mercado eléctrico que emanan tanto de dicha reforma constitucional, así como de la Ley de la Industria Eléctrica y de toda su normatividad derivada, constituyen una sistemática descapitalización para la CFE en beneficio de empresas privadas, extranjeras en su casi totalidad.
Reforma constitucional, el rezago energético de 2013
En tanto no se derogue la reforma constitucional en materia energética de 2013, deberíamos al menos modificar las Bases del Mercado Eléctrico con las que opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), así como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) debería emitir nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General para cobrarle a las empresas privadas por el uso de diversos servicios conexos, de transporte de energía y de respaldo de generación que actualmente no pagan a la CFE y que representan un multimillonario quebranto financiero a esta empresa pública en beneficio de compañías extranjeras.
Si bien en el actual gobierno ya se intentó hacer algo de lo anterior, no pudo aplicarse debido a los amparos interpuestos por diversas empresas privadas, por lo que volver a hacer esto requerirá de un cuidadoso análisis de riesgos legales e institucionales y de una diligente operación política al interior del poder judicial para impedir su bloqueo. Por eso el Plan C es vital para la consumación de la Cuarta Transformación.
[1] Sheinbaum-Pardo, Claudia, Ruiz, Belizza y Rodríguez, Víctor (2012). Mexican energy policy and sustainability indicators. Energy Policy 46 (2012) 278–283.
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