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La SCJN vs. AMLO.

La SCJN vs. AMLO: Un Sexenio de Choques y Controversias

La SCJN vs. AMLO: Un Sexenio de Choques y Controversias.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido protagonista de múltiples controversias y anulaciones de reformas, generando tensiones sin precedentes con el Poder Ejecutivo y Legislativo. A continuación, se detallan las principales reformas anuladas y las controversias más destacadas, mostrando cómo la SCJN ha sido percibida como un obstáculo para el gobierno de AMLO.

Reformas Anuladas por la SCJN

La reforma eléctrica se llevó a cabo en enero de 2023, y en ese momento la SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, argumentando que violaba principios de competencia económica y libre mercado. Con esta reforma, AMLO pretendía fortalecer la industria nacional y evitar que se dieran tantos privilegios a las empresas particulares, asegurando que todos pagáramos la luz por igual. AMLO expresó su descontento, señalando que “la Corte está defendiendo intereses de las empresas extranjeras en lugar de los del pueblo mexicano”.

En abril de 2023, la SCJN anuló la reforma que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, argumentando que contravenía disposiciones constitucionales sobre la seguridad pública. AMLO buscaba con esta reforma mejorar la coordinación y eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Tras la anulación, AMLO criticó a la SCJN diciendo que “parece que no quieren que haya paz y seguridad en el país”.

El Plan B de la reforma electoral, declarado inconstitucional en 2023, proponía cambios significativos en la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE). AMLO pretendía con esta reforma reducir los costos del organismo y hacerlo más eficiente. La SCJN argumentó que vulneraba la autonomía del INE, a lo que AMLO respondió que “la Corte está protegiendo a una burocracia dorada que no quiere perder sus privilegios”.

En 2023, la SCJN anuló el decreto presidencial que clasificaba como de “seguridad nacional” los proyectos prioritarios del gobierno, como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas. AMLO argumentaba que estos proyectos eran esenciales para el desarrollo del país y su seguridad energética. La SCJN consideró que el decreto excedía las facultades del Ejecutivo, lo que llevó a AMLO a declarar que “la Corte está obstaculizando el progreso de México”.

La Ley Federal de Comunicación Social, anulada en 2023, regulaba la contratación de publicidad oficial. AMLO buscaba con esta ley garantizar una distribución más equitativa y transparente de los recursos publicitarios. La SCJN consideró que violaba principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas. AMLO criticó la decisión diciendo que “la Corte está defendiendo a los grandes medios de comunicación que siempre han estado en contra de nuestro gobierno”.

La extinción de fideicomisos, declarada inconstitucional en 2021, afectaba la operación de fideicomisos destinados a ciencia, cultura y derechos humanos. AMLO pretendía con esta medida reasignar recursos a programas prioritarios. La SCJN argumentó que la extinción violaba derechos adquiridos y la autonomía de los beneficiarios, señalando que afectaba a los trabajadores, aunque en términos reales no se les violentaba en nada. AMLO expresó que “la Corte está protegiendo intereses creados y no permite que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan”.

La modificación de la pregunta para la consulta popular en 2021, que buscaba juzgar actos del pasado, fue otra decisión controvertida. AMLO pretendía con esta consulta que el pueblo decidiera sobre el juicio a expresidentes. La SCJN modificó la pregunta original para hacerla más clara y específica, lo que AMLO interpretó como una maniobra para diluir el impacto de la consulta, diciendo que “la Corte no quiere que se haga justicia”.

Controversias con la SCJN

Además, la SCJN ha sido criticada por la liberación de presuntos delincuentes, lo que AMLO ha señalado como una amenaza a la seguridad pública. Entre los delincuentes más importantes liberados se encuentran José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, líder de Guerreros Unidos; Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, implicado en el caso Ayotzinapa; y Héctor Luis Palma Salazar, alias “El Güero Palma”, cofundador del Cártel de Sinaloa. La eliminación de la prisión preventiva oficiosa también ha sido un tema de gran controversia, con AMLO argumentando que es necesaria para mantener la seguridad, mientras que la SCJN ha señalado que viola derechos humanos.

Los amparos otorgados contra proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas han retrasado significativamente estas obras. La SCJN ha emitido amparos a favor de deudores del fisco, lo que ha sido criticado por el presidente como una protección a intereses particulares en detrimento del erario público. La deuda de impuestos que la SCJN no ha permitido cobrar asciende a más de 50 mil millones de pesos. Los amparos han retrasado el Tren Maya por más de un año, el Aeropuerto Felipe Ángeles por seis meses y la Refinería de Dos Bocas por ocho meses.

La Ley de Austeridad Republicana, anulada en abril de 2022, facultaba al Presidente de la República a determinar de manera discrecional el destino de los recursos ahorrados. La SCJN declaró inconstitucional esta reforma, argumentando que violaba principios de transparencia y rendición de cuentas. AMLO criticó la decisión diciendo que “la Corte está protegiendo a los privilegiados y no permite que los recursos se utilicen para el bienestar del pueblo”. Además, la SCJN se negó a reducir los salarios de los ministros, argumentando que la Ley de Austeridad Republicana violentaba el derecho a la irretroactividad de la ley, aunque en la reforma educativa de Peña Nieto, la SCJN había señalado que era legal modificar las condiciones de trabajo tratándose de reformas constitucionales.

En julio de 2023, la SCJN se negó a reducir los salarios de los ministros, argumentando que la Ley de Austeridad Republicana no podía aplicarse retroactivamente y que sus remuneraciones ya habían sido reducidas en un 25% desde 2019. AMLO expresó su descontento diciendo que “la Corte está defendiendo sus privilegios mientras el pueblo sufre”.

La reunión entre algunos ministros de la SCJN y dirigentes de la oposición, incluyendo una cena en la casa de un ministro con Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, en abril de 2024, generó desconfianza sobre la imparcialidad del máximo tribunal. AMLO criticó duramente este encuentro, señalando que “la Corte está conspirando con la oposición para frenar la transformación del país”.

La admisión inmediata de un recurso de contradicción de criterios en 2024 fue interpretada como una maniobra para influir en decisiones judiciales clave durante el proceso electoral. AMLO acusó a la SCJN de “interferir en el proceso democrático y favorecer a la oposición”.

Los nombramientos de ministros propuestos por AMLO generaron debate y controversia, especialmente cuando algunos de estos ministros no apoyaron plenamente las iniciativas del Ejecutivo. Esto incluyó la designación de Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos-Farjat, quienes enfrentaron críticas por su cercanía con el gobierno. AMLO defendió sus nombramientos diciendo que “la Corte necesita gente comprometida con el cambio y no con los intereses de siempre”.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, fue objeto de controversia por supuestamente criticar la reforma judicial de AMLO en un foro en Estados Unidos en julio de 2024. Aunque la SCJN desmintió el video, el incidente generó tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. AMLO acusó a Piña de “desprestigiar al país en el extranjero”.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó en agosto de 2023 que AMLO cometió violencia política de género contra la senadora Xóchitl Gálvez. Aunque el presidente no puede ser sancionado por infracciones electorales, la resolución generó un fuerte rechazo por parte del mandatario, quien señaló que “la Corte está utilizando cualquier pretexto para atacarme”.

Algunos ministros de la SCJN fueron vistos participando en marchas organizadas por la oposición en marzo de 2024, lo que fue interpretado como una señal de apoyo a los movimientos contrarios al gobierno de AMLO. El presidente criticó esta participación diciendo que “la Corte está tomando partido y no está actuando con imparcialidad”.

AMLO ha acusado a Norma Piña de ser descortés y de no mostrar disposición al diálogo en diversas ocasiones. Un ejemplo notable fue cuando Piña rechazó reunirse con el presidente para discutir la reforma judicial, sugiriendo en su lugar que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, atendiera la petición. AMLO expresó que “la Corte está cerrando las puertas al diálogo y a la colaboración”.

En cuanto a la reforma judicial, AMLO anunció la necesidad de una reforma en 2023, y durante más de un año se llevaron a cabo más de 40 foros y encuestas donde la ciudadanía expresó su apoyo a una reforma judicial profunda. Sin embargo, Norma Piña no envió ninguna propuesta durante este tiempo. Finalmente, cuando el trabajo legislativo ya había avanzado significativamente y se había votado la iniciativa de AMLO, Piña presentó su propia iniciativa sin consensuar con los integrantes de la Judicatura ni con la SCJN, lo que fue visto como un proyecto personal y una falta de respeto al Legislativo y al pueblo de México.

Tintopía

Estas decisiones y controversias reflejan el papel fundamental de la SCJN en el equilibrio de poderes y la protección de la Constitución, pero también reflejan que si no tienen un compromiso con la sociedad más haya de sus propios intereses políticos y económicos, generaran cuando haya un gobierno apegado a los intereses del pueblo la percepción de confrontación y desconfianza entre los poderes, con acusaciones de injerencia indebida y politización del Poder Judicial. AMLO ha señalado repetidamente que “la Corte está actuando como un obstáculo para la transformación del país y está defendiendo intereses que no son los del pueblo mexicano”.

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