Por Cesar Augusto Lachira Saenz
EL CARTEL CARTEL INMOBILIARIO DEL PRI EN QUERÉTARO.
En febrero de 2019 tuve la fortuna de conocer a uno de los herederos de Manuel Ordoñez, dueño de la Hacienda La Providencia, quien nos comentaba que continuaba su lucha por que se le haga justicia y se le reponga lo que era la propiedad de familia, 700 hectáreas que le expropió Enrique Burgos, de lo que hoy es el Centro-sur, donde el principal beneficiario lo fue el propio Enrique Burgos. Retomamos un extracto de lo que publicó la revista Proceso el 4 de diciembre de 1999.
«Cuando Rubén Ordóñez, designado albacea de los bienes de su abuelo Manuel Ordóñez Barrera, quiso tomar posesión de su herencia, principalmente de la hacienda La Providencia, situada en la ciudad de Querétaro, se encontró con que el gobierno estatal la había expropiado “con fines de utilidad pública”
Sin embargo la expropiación, decretada en 1994 por el entonces gobernador Enrique Burgos García, no cumplió con los fines anunciados, pues sólo benefició a particulares, que construyen en la parte más moderna y comercial de la ciudad
Entre los beneficiados por la expropiación —según denuncia el licenciado Salvador Ochoa, representante legal de los Ordóñez, que ya inició un juicio de amparo para recuperar las 700 hectáreas afectadas ilegalmente— se encuentran el exgobernador Burgos García y su hermano Hugo; Salvador Sánchez Alcántara, propietario de la línea de autobuses Estrella Blanca y deudor del Fobaproa, el grupo ICA, Virginia Ortiz Arana y los dueños de, por lo menos, 20 establecimientos comerciales que van desde Mega Comercial Mexicana, Kentucky Fried Chicken, sucursales de casi todos los bancos y Gigante
Ochoa, integrante del despacho Hamdan & Ochoa, agrega: “¿A dónde fue a dar el dinero que se obtuvo por la venta de esos terrenos? ¿Por qué no se notificó a los dueños conforme a lo que establece la ley?”
Explica que la ley estipula que cinco años después de una expropiación, los dueños originales pueden reclamar la devolución de sus propiedades si no se cumplió con el objetivo social pretextado.
“Éste es el caso, pues no se crearon nuevos centros de población, ni hubo mejoras en nada, porque no se puede mejorar lo que no existe; por el contrario, la propiedad privada expropiada la fraccionó el gobierno del estado y la vendió a particulares, quienes la utilizan con fines preponderantemente de lucro o de especulación mercantil”.

El 20 de enero de 1994, en el diario oficial del gobierno de Querétaro, La Sombra de Arteaga, se publicó el “decreto expropiatorio de una superficie ubicada al sureste de la ciudad de Querétaro, entre la Autopista Querétaro-México y la Carretera a Huimilpan, lindando al poniente con el fraccionamiento Colinas del Cimatorio y al oriente con los ejidos Casa Blanca y Miranda, para la creación y mejoramiento de los centros de población”
Según el decreto, con la expropiación se buscaba “fortalecer la planeación y programación del crecimiento, así como el establecimiento de medidas para la conservación y mejoramiento de los servicios básicos
“Por tal motivo, el Desarrollo Urbano del Centro Sur de la ciudad de Querétaro se perfila como una alternativa de desarrollo que da respuesta a las crecientes demandas de infraestructura y servicios básicos que quiere la población, permite la preservación del Centro Histórico y ofrece nuevos espacios planeados para el futuro crecimiento de la ciudad”
Por ello, “se declara causa de utilidad pública la creación y mejoramiento de los centros de población, de acuerdo con lo previsto en la fracción X del artículo primero de la Ley Número 37 de Expropiación vigente en el estado, por lo que es procedente la expropiación y ocupación total de las áreas señaladas en el artículo siguiente para satisfacer la causa de utilidad pública invocada”
Otra cláusula señalaba que “de conformidad con el artículo décimo octavo de la Ley de Expropiación, el Estado se adhiere al plazo que fija el citado artículo para pagar la indemnización a quien resulte propietario y acredite sus derechos, el cual no excederá de 10 años a partir de la vigencia del presente decreto La indemnización correspondiente se cubrirá en los términos del artículo octavo de la Ley 37 de Expropiación vigente en el Estado”
Rubén Ordóñez Barrera y el abogado Ochoa aseguran que en el Registro Público de la Propiedad no hay inscripción de algún movimiento relacionado con la propiedad de la hacienda La Providencia, por lo que las escrituras originales son legales y están vigentes
La venta
Ochoa señala que inmediatamente después de la expropiación, Burgos García creó el Fideicomiso Promotor de Proyectos Económicos Qronos, cuya directora era Guadalupe Murgía, en la actualidad secretaria de Gobierno, encargada de vender parte de la propiedad
Muestra una escritura, según la cual el 15 de diciembre de 1994 Burgos, en su calidad de gobernador, vendió a la sociedad Centro Sur más de 1 millón de metros cuadrados, sin describir medidas exactas ni colindancias La operación fue por 105 millones 125 mil 833 pesos
Esta compraventa, explica Ochoa, “se realiza en términos oscuros y vagos, pues nunca se acredita de dónde deriva la escritura de propiedad o su antecedente y simplemente señalan que el gobernador por un decreto constitucional puede vender los bienes del Estado, ni cómo los adquirió”
Dice que la misma escritura contiene contradicciones, ya que supuestamente Centro Sur, SA de CV, es de utilidad pública y beneficio social, pero más adelante se consigna que “es una empresa mercantil, que obviamente tiene fines de lucro y que tendrá como objetivo la compraventa de los inmuebles expropiados, lo que constituye un cínico fraude y confiscación de bienes de particulares para que el Estado los transmita a otros particulares, sin utilidad pública, y obtenga un lucro indebido Centro Sur exhibe un capital de 50 mil pesos pero hace operaciones por más de 100 millones”

En el juicio de demanda de amparo, interpuesto ante el juez Judicial de Distrito de la ciudad de Querétaro, Ordóñez Barrera y el despacho Hamdan & Ochoa explican que la creación o el mejoramiento de centros de población y sus fuentes propias de vida “no son términos suficientes para justificar una expropiación, por el contrario, da lugar a una ilegal discrecionalidad del Estado para que afecte la propiedad privada con fines de utilidad privada”
Ochoa explica que “un acto del Estado mediante el cual le quita al particular una propiedad privada, debe tener como justificación principal la utilidad pública y el beneficio social Por lo tanto, es inconstitucional establecer como causa de utilidad pública la creación o mejoramiento del centro de población sin especificar y ser concretos, pues se puede tratar de centros de población agrícolas o urbanos”
Insiste: “En el caso de una expropiación por causa de utilidad pública, se debe acreditar debidamente en qué consisten la utilidad pública o el beneficio social que se busca y cuáles son los bienes de los particulares que se afectarán, ya que es genérico, abstracto, indeterminado, decir que se busca el ‘desarrollo urbano’, ‘fortalecer la planeación’, ‘medidas para conservación y mejoramiento de los servicios básicos’
“Se debe señalar, y no se hace, cómo se dará una alternativa a las demandas de infraestructura y servicios básicos de la población; no se detallan esas alternativas, ni existen planos, estudios, peritajes o cualquier documento análogo que fundamenten la declaratoria de utilidad pública”
Según Ochoa, a cinco años de realizada la expropiación, en la zona afectada “no existe ningún beneficio social, satisfacción de interés general o utilidad pública que beneficie a la comunidad, sino centros comerciales, terminales de autobuses, cines; en resumen, un régimen absoluto de propiedad privada”
Por último, Ochoa sostiene que a raíz de la expropiación ilegal, “se dio un trafique de terrenos, para lo cual se expidieron escrituras falsas”.
Así las cosas, ni tan casto y puro resultó Enrique Burgos, quien fue uno de los impulsores del cartel cartel inmobiliario priísta en Querétaro.
EL CARTEL INMOBILIARIO DEL PRI EN QUERÉTARO. / Cesar Augusto Lachira Saenz
Conoce más historias y noticias en nuestra página Tintopía.mx y se parte de nuestra comunidad en Facebook TintopíaMex.
Elecciones judiciales en Querétaro: una simulación orquestada
Las recientes elecciones judiciales en el estado de Querétaro han dejado más dudas que certezas….
Morena Querétaro: 1er Lugar… a la Inversa
La trayectoria electoral de Morena en Querétaro ofrece un contrapunto estratégico al análisis de su…
Mientras Respiran Sangre
MIENTRAS RESPIRAN SANGRE Vi a un niño,Con los ojos reventados de miedo,abrazando a su hermana…
EFEMÉRIDES 23 DE MAYO
Hay efemérides que no sólo conmemoran un hecho, sino que lo arrastran hasta el presente,…
EL CARTEL INMOBILIARIO DEL PRI EN QUERÉTARO.
Por Cesar Augusto Lachira Saenz EL CARTEL CARTEL INMOBILIARIO DEL PRI EN QUERÉTARO. En febrero…
Pánico a la realidad. 21/05/25
Hay quienes no le temen al cambio, sino a lo que éste podría revelar. El…
Visitas: 10