No hay democracia sin ley, ni ley que sobreviva si el poder la viola.
Lo que ocurre en Querétaro no es una disputa entre partidos: es una fractura en el equilibrio de los poderes, un intento de silenciar a la mayoría legítima mediante el uso arbitrario del Ejecutivo. Y esa fractura —por dolorosa que sea— nos obliga a elegir de qué lado de la historia queremos estar: del lado de la ley, o del lado de la costumbre autoritaria.
El Congreso queretano eligió su nueva Mesa Directiva conforme a derecho. La Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 93, establece que el Congreso puede sesionar válidamente con la mayoría de sus integrantes. Son 25 diputadas y diputados; trece bastan para constituir quórum. Ese número estuvo presente la noche del 1 de octubre.
El artículo 36 dispone que el vicepresidente sustituye al presidente en sus ausencias; el 41 lo faculta para dirigir las sesiones, y el 96 permite reanudar una sesión en receso. Ninguno de esos artículos fue derogado ni “suspendido por decreto del Ejecutivo”.
Morena y sus aliados no rompieron el orden legislativo: lo preservaron. Reanudaron una sesión que el presidente de la Mesa, de filiación panista, había suspendido arbitrariamente. Lo hicieron dentro del plazo legal, con quórum, con notificación electrónica a todos los integrantes. Lo hicieron porque dejar pasar el 1 de octubre sin Mesa Directiva habría significado un vacío constitucional: un Congreso sin cabeza, un Poder Legislativo paralizado.
Pero la reacción fue inmediata. Desde el Palacio de la Corregidora se anunció que “el Poder Legislativo no reconoce a ninguna Mesa Directiva”. Y ahí empezó la verdadera ruptura: cuando el Ejecutivo, en lugar de respetar la autonomía parlamentaria, pretende erigirse en juez y parte de la vida interna del Congreso.
Esa actitud roza los límites del artículo 116 constitucional, que prohíbe toda injerencia de un poder sobre otro.
La Dra. Blanca Gutiérrez, con lucidez y valentía, ha recordado que esa intromisión configura una violación al Estado de Derecho y que la historia de México —esa historia que Querétaro ayudó a escribir— ya conoce precedentes en que gobernadores fueron sometidos a juicio político por menos. Su advertencia no es exageración: es un llamado a la memoria constitucional.
Porque Querétaro fue cuna de la Carta Magna. Y resulta paradójico que hoy, en esa misma tierra, se pretenda clausurar la voz del Parlamento bajo pretextos administrativos, con el edificio cerrado, con urnas desaparecidas y con el pueblo mirando desde la calle.
La mayoría no es suficiente
Si algo mostró esta crisis, es que la democracia no se defiende sola. Requiere ciudadanía vigilante, juristas comprometidos, observadores atentos y, sobre todo, organización colectiva.
Como bien apunta Luis Bárcenas, la degradación de la política ocurre cuando se olvida que el poder es servicio público. Pero a diferencia de la resignación, hoy existe una posibilidad: hacer del derecho un instrumento de participación.
La defensa del Congreso no se ganará a gritos ni en conferencias de prensa; se ganará con acciones legales, observación cívica, litigio estratégico y movilización jurídica organizada. Que los colegios de abogados, las universidades, los colectivos feministas, ambientalistas y sociales acompañen esta defensa: revisando actas, documentando hechos, promoviendo amparos, difundiendo la verdad.
El derecho también se ejerce en comunidad.
Lo que hoy se juega en Querétaro no es la presidencia de una Mesa, sino la soberanía popular.
Si un poder puede desconocer a otro solo porque perdió la mayoría, entonces ya no hay República, sino jerarquía.
Y si el gobernador decide quién es o no es presidente del Congreso, entonces hemos regresado a los tiempos en que los parlamentos eran solo apéndices del Ejecutivo. Eso —precisamente eso— es lo que el pueblo votó para cambiar.
Por eso, el llamado es claro: no dejemos solo al Congreso. Que la ciudadanía salga a defender su derecho a tener representantes libres, sin chantaje ni subordinación. Que los juristas expliquen, que los medios documenten, que la academia debata, que los movimientos sociales acompañen.
No se trata de una causa de Morena: se trata de una causa de la democracia. Porque en esta tierra que vio nacer la Constitución, la voluntad popular no puede ser cancelada por decreto.
La mayoría también es derecho. Y cuando una mayoría se organiza, legisla y se defiende conforme a la ley, lo que está haciendo no es política: está haciendo historia.
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